El tema planteado integra a primera vista, problemas de calidad del recurso por cuanto las aguas implicadas contienen agroquímicos, material de lavado por deforestación y extracción minera, orgánicos, químicos de industria de transformación, residuos químicos, inorgánicos por vertimientos de aguas servidas, grasas, aceites y metaloides; asociado a otros múltiples de cantidad de agua de estos aferentes afectados por la estacionalidad climática de la región, de embalsamiento de sus cauces, sumados al trasvase de las aguas del Río Bogotá, para la generación de hidroelectricidad en la región central de Colombia, con una participación del sistema interconectado que oscila entre el 7 y 14%, así como vulnerabilidades del vaso receptor del embalse de 42 millones de m3 que inicialmente ocupaba 940 Has, pero que al implementarse un programa de mitigación de la contaminación por el propietario del mismo en 2000, redujo su capacidad de embalsamiento a 720 Has efectivas, pues las colas de los rios Muña y Aguas Claras, que bordean al municipio de Sibaté, fueron desecadas y a través de una estación de bombeo, se vierten los remanentes al cuerpo principal del embalse.
Lo anterior, sin olvidar que las aguas del Rio Bogotá, luego de pasar por 27 municipios arrastran dichos vertidos al embalse, generando un conflicto adicional de competencia por el recurso, gobernanza frente a los usos de los diferentes usuarios dedicados a la agricultura, industria, consumo para las poblaciones de la cuenca baja y recreación paisajística, por mencionar los más sobresalientes, a más de la presencia nominal de autoridades encargadas de su administración, como la Corporación Autónoma de Cundinamarca, los municipios de la cuenca y más notablemente desde 2005 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló en primera instancia y luego el Consejo de Estado en segunda instancia, por acumulación de procesos, que permite la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares y de grupo, buscando el saneamiento del Río Bogotá.
Habiendo ya mencionado algunos actores, es más que pertinente resaltar a la comunidad del Municipio de Sibaté, integrada en su mayoría por población del SISBEN en número de 30.000, repartidos en el casco urbano y un centro poblado en un 85% y el resto en el área rural que constituye el 75% del territorio. Comunidad que aguanta el embalsamiento de aguas contaminadas desde hace 40 años, pues dicho embalse inició operación en 1949 y a mediados de los 70´s recibió las aguas del distrito capital, que se sumaron a las de Muña y Aguas Claras.
Dado que los municipios de las subcuencas altas y medias, apenas recientemente están contando con PTARs regularmente en operación, se mantiene y persiste la generación de malos olores, por la anoxia de las aguas, la producción de ácido sulfhídrico, su evapotranspiración que ocasiona lluvia ácida y afectación de vías respiratorias altas, corrosión de infraestructuras y un ecosistema altamente tóxico por las emisiones químicas de algunas empresas, y los vertimientos de aguas industriales provenientes de más de 10000 industrias de carácter contaminante en la capital.
Esta es una fotografía del padecimiento socioeconómico de los pobladores de Sibaté, cuyos predios se han desvalorizado por lo antes anotado y su calidad de vida, adolece de lo mínimo para llevar a cabo una vida digna de relación, de disfrute del paisaje, de la contemplación y beneficios que conlleva el ocio, pues este ambiente no permite dicho disfrute natural al que tienen derecho ellos y quienes visiten la región. Los gastos en que incurren los pobladores para paliar los efectos en la salud de sus grupos familiares son cuantiosos e indican la precarización de su nivel de vida.
Ahora bien, en tratándose de precisar los factores de disponibilidad del recurso, se ha agravado desde la fecha arriba citada, pues las industrias tomaban aguas de estas fuentes para sus procesos, en especial para las torres de enfriamiento, pero debido a la alta contaminación, no era viable seguirlas tomando y hubo que concesionarse aguas, con pozos profundos, que con el tiempo, también contenían nubes de contaminación del embalse a los acuíferos y más recientemente, previendo una evaluación del caudal ecológico, la autoridad ambiental restringe y seguirá restringiendo la disponibilidad, ya que el acuífero se ha disminuido y la competencia con los macroproyectos de vivienda, relegan la agroindustria y la manufactura a menores cantidades de producción de bienes y servicios, lo que afecta el costo/beneficio de la operación y generación de empleo y desarrollo para la provincia Soacha- Sibaté.
Resalto para ir cerrando el planteamiento, que las autoridades judiciales se arrogaron las funciones que per se, debieron asumir las municipalidades para controlar la contaminación, para exigir los sistemas de tratamiento, para evitar postergar las producción más limpia y en teoría, pretende organizar el territorio para un uso sostenible del recurso hídrico, lo cual en la práctica no se ha podido llevar a cabo, por la alta complejidad, la desarticulación institucional y su protagonismo mediático y fundamentalmente por la carencia de un objetivo común más allá de descontaminar las aguas.
Como reto para articular un mecanismo de solución, planteo un cambio en la premisa mal entendida del desarrollo sostenible, adoptada en Río de Janeiro en 1992, de hacer uso del recurso sin detrimento de las generaciones futuras, lo que se ha traducido en que arriesguemos este y otros recursos por sobreexplotación y los remanentes serán los que suplan las necesidades de nuestros descendientes, cuando debe interpretarse de retro, es decir, realmente estamos tomando prestado de quienes no han nacido, lo que nos obliga a ser lo más cuidadosos y racionales posibles para no agotarlo y mucho menos deteriorarlo en grado sumo.
Así las cosas, uno de los principales obstáculos está en la falta de entendimiento de los procesos naturales, en la falta de acercamiento a las comunidades raizales, que conocen y viven en su cuenca y que conocen el comportamiento natural de estos afluentes y en persistir en ordenar territorialmente desde los escritorios, bajo promesas estrictamente académicas, sin respeto por las tradiciones indígenas y comunales que aportan el conocimiento de su utilización medida y sostenible. Cuando manejemos el mismo idioma y reconozcamos al otro como aportante y no competencia, podremos hilar un tejido entre todos que nos cubra y evite que perdamos singularmente. Estos son obstáculos salvables si miramos en prospectiva conjuntamente y de manera independiente, más allá de los tiempos de las administraciones de turno para poder continuar con ese deseo de un territorio especializado que provea y satisfaga las necesidades y sueños de quienes lo habitan. Esta provincia junto con la capital aporta el 25% del PIB nacional, como sería si se hiciera de manera ordenada, formalizada, regular y a satisfacción de los intereses comunes, frente a los individuales y a los apetitos de los dirigentes de turno.
La discusión está servida, pues una autoridad ambiental con más de 50 años de creada, apenas aborda la formación en temas ambientales con bastante falta de rigor técnico y profesionalismo, ya que se ha concentrado a otros menesteres y destinado los recursos, que para este caso recibe por transferencias del generador de energía, no han sido revertidos en la protección de las cuencas anotadas, a manera de retorno por las altas cargas impositivas y de las tasas que deben revisarse, pues no se entiende que grandes cantidades del recurso se tarifen de manera tan absurda y se adjudiquen o asignen de modo tan desigual para las diferentes actividades económicas.
WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Docente de cátedra Depto Ing. Civil
Legislación en obras civiles y administración para ingenieros
Biólogo MP 104 CPB/ Abogado TP 218190 CSJ
Celular: 3154742305